Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica sostenemos que la transformación del sistema de salud requiere voluntad política, decisión institucional y formación obligatoria. No podemos seguir naturalizando vulneraciones de derechos bajo la excusa del desconocimiento. Por eso, una de nuestras principales estrategias es la incidencia legislativa, para exigir que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar una atención respetuosa, libre de violencias y centrada en el respeto a la autonomía.
En el año 2022, impulsamos un proyecto de ley nacional que propone la capacitación obligatoria en violencia ginecobstétrica para todo el personal de salud. Este proyecto se inspira en el modelo de la Ley Micaela, que exige formación en género para quienes integran el Estado, y propone una medida concreta y necesaria: formar a quienes trabajan en el sistema de salud en derechos humanos, perspectiva de género y atención centrada en las decisiones de las personas.
¿Por qué es urgente esta ley?
Porque la autonomía de las personas que gestan sigue siendo sistemáticamente negada. Porque cada día escuchamos relatos de mujeres y personas gestantes a quienes se les impone un procedimiento sin explicar, se las infantiliza, se las desautoriza, se las deja solas. Porque los derechos que otorga la Ley de Parto Respetado —vigente desde 2004— no se garantizan en la práctica cotidiana. Y porque a más de 20 años de su sanción, seguimos viendo cómo se vulneran sin consecuencias.
La violencia ginecobstétrica no es un malentendido. Es una forma de violencia de género. Es una vulneración estructural, sistemática, que ocurre en espacios de salud y que se ejerce muchas veces desde el desconocimiento, pero también desde la jerarquía, el control y la lógica verticalista de muchas instituciones médicas.
Capacitar en violencia ginecobstétrica no es enseñar buenas maneras. Es poner sobre la mesa que las personas que atraviesan procesos ginecológicos, de embarazo, parto, puerperio, aborto o consulta tienen derechos: derecho a decidir, a ser escuchadas, a ser informadas, a ser acompañadas, a rechazar prácticas, a entender lo que ocurre con sus cuerpos, a que sus tiempos y emociones sean respetados.
El camino recorrido
Este proyecto de ley nació desde abajo. Fue impulsado colectivamente por la Campaña, con el apoyo de miles de personas que firmaron en todo el país. Recolectamos más de 28.000 firmas en la plataforma Change.org, que dieron fuerza y legitimidad a esta iniciativa.
Ese esfuerzo colectivo logró que la diputada nacional Mónica Macha presentara el proyecto en la Cámara de Diputados bajo el número 6103-D-2022. Hoy el proyecto tiene estado parlamentario y está listo para ser tratado. Solo hace falta decisión política.
Pero también hace falta presión social. No alcanza con tener leyes. Hay que hacerlas cumplir. Y cuando no alcanzan, hay que ir por más.
Lo que pedimos
Pedimos una formación obligatoria, no optativa.
Una formación que reconozca la violencia ginecobstétrica como una forma de violencia de género, que incluya la perspectiva de derechos humanos, que respete la autonomía y la diversidad corporal, cultural y territorial, y que no recaiga en decisiones individuales, sino en un compromiso institucional y político del Estado.
Porque la salud no es solo atención médica. Es también escucha, respeto, información, consentimiento y dignidad.
Porque la autonomía no se negocia.
Accedé al proyecto completo acá:
Ver Proyecto 6103-D-2022
Ayudanos a difundirlo. Que se trate. Que se apruebe. Que se implemente.
Porque sin autonomía, no hay salud.
